The History of British India By James Mill, Horace Hayman Wilson HISTORY OP BRITISH INDIA BOOK VI FROM THE ESTABLISHMENT OF THE NEW CONSTITUTION FOR THE GOVERNMENT OP INDIA IN 1784 TO THE TERMINATION OP THE WAR WITH THE MAHHATTAS IN 1805
viernes 7 de septiembre de 2007
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The History of British India By James Mill, Horace Hayman Wilson HISTORY OP BRITISH INDIA BOOK VI FROM THE ESTABLISHMENT OF THE NEW CONSTITUTION FOR THE GOVERNMENT OP INDIA IN 1784 TO THE TERMINATION OP THE WAR WITH THE MAHHATTAS IN 1805
viernes 31 de agosto de 2007
domingo 26 de agosto de 2007
miércoles 22 de agosto de 2007
Mapas Google incrustados.
Desde hace unas horas es posible incrustar mapas Google en sitios web. Este de abajo es un mapa anónimo, sin edición.
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domingo 22 de julio de 2007
ARTÍCULO PERTINENTE
Publicado en No se trata de hacer leer
por Andrés Boix Palop,
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal
Universitat de València-Estudi General de València
El sexo de Mahoma
Publicado el 21 de Julio de 2007
Ya hemos hablado con cierta extensión, a cuenta de asuntos menores pero relacionados, de lo habitual que es que los grupos humanos se doten de diversas varas de medir para juzgar idénticas acciones, según sean percibidas como imputables al propio grupo o a otro. Así, las sociedades occidentales se rasgaron las vestiduras (y todos nosotros con ellas) al asistir al esperpento de medievalismo que protagonizaron muchos musulmanes a cuenta de las dichosas caricaturas de Mahoma. Pero hay que denunciar la profunda hipocresía y falta de vergüenza intelectual de quienes, a la vez que exhiben su espíritu crítico contra religiones ajenas para mayor lustre de la libertad de expresión, se ofenden ¡y de qué forma! cuando las burlas o blasfemias tienen por objeto nuestras creencias.
Cuando arreciaba el asunto de las viñetas de Mahoma ya tuvimos ocasión de alertar de que, como españoles, bien haríamos en mirarnos las vergüenzas antes de pretender significarnos como vanguardia y faro de la libertad de expresión frente a retrógradas sociedades que conservan con sorprendente lozanía la fuerza de sus tabúes. Nuestras vergüenzas en la materia eran, como señalamos en su día, un Codigo penal profundamente represor de la libre expresión cuando se sale del consenso de lo socialmente admisible y una guardia de korps de la moral judeocristiana y de todos nuestros valores que, como demuestra con frecuencia, no suele permitir que le chisten demasiado.
Es decir, para quien no lo sepa, que tenemos un Código penal que establece límites a la libertad de expresión que, más o menos, coinciden con lo socialmente tenido por aceptable, digno, decente, no zafio… Nuestra libertad de expresión es, la verdad, enormemente amplia y está muy garantizada, por ello, en toda la extensión en que no hace falta protección alguna, dado que el carácter no ofensivo o hiriente de nuestras manifestaciones las hace socialmente aceptables y dignas de nulo o marginal reproche. Ahora bien, como se salga uno de lo “social y políticamente correcto” ya no está amparado por nuestro Derecho: así, entre otros ejemplos, el Código penal español sanciona la burla o escarnio de los sentimientos religiosos y toda suerte de majaderías, entre las que se encuentra una hipertrofiada protección de la presunta dignidad que per se al parecer ostenta de la Casa Real y sus funciones constitucionales. Es decir, que la libertad de expresión, en este país, no tiene nada que envidiar en su estatuto jurídico a la regulación de un país como, por ejemplo, Arabia Saudí: uno es libre aquí, como allí, de decir aquello que el consenso social le permite, pero ojo con salirse de él.
Es más, la cosa es peor: el Código penal establece un parámetro represor de la expresión más inflexible, al menos a día de hoy, que la conciencia social general. No sólo el derecho a la libertad no garantiza la posibilidad de emitir opiniones que hieran o choquen, que no sean socialmente aceptadas, dotándolas de cierta indemnidad… es que, antes al contrario, es intrumento legitimador y educador en una visión mucho más pacata que la dominante ya, a estas alturas, en nuestra sociedad.
Por eso decíamos en su momento que, desgraciadamente, sólo la sensatez general de operadores jurídicos y sociales permitía que, a pesar de la sarta de imbecilidades que contiene nuestro Código penal saudí, no haya fiscales que vayan pidiendo condenas por burlarse de la fe católica ni jueces que vayan condenando. Desgraciadamente porque es un dique no demasiado satisfctorio, al menos no si nos ponemos exigentes, como diciendo “oiga, que 1789 queda ya un poco lejos, a ver si tomamos nota”. Y así estábamos, hasta que con la Iglesia hemos topado. La Iglesia, a estas alturas en España, no son sólo (o no son ya) Cristo Nuestro Señor y sus cosas, sino, muy especialmente, los intocables del consenso constitucional que permitió el tránsito de los herederos del Caudillo a la condición de “demócratas de toda la vida” sin demasiados quebrantos. Y, a la cabeza de todos nosotros, a sus más insignes representantes.
No sé si la Casa Real, que sigue sin entender que ciertos espacios ajenos al consenso silenciador y dispensador de incienso no van a desaparecer así como así, está de veras muy indignada con El Jueves y anda preocupada por esos peligrosos agentes de propagación entre los jóvenes de ideas republicanas que dicen que son. Ignoro si la genial ocurrencia de secuestrarles la revista viene de ellos o de la Fiscalía. Pero, la verdad, hay que ser mentecato para ponerse, 30 años después, a aplicar el Código penal en estos extremos que, afortunadamente, habían caído en franco desuso. Y no digo lo de mentecato sólo por los efectos indeseados de todo tipo que, sin ser demasiado sagaz, era evidente que se iban a producir. Lo digo, sobre todo, porque no se enteran todavía, a estas alturas, de qué cuatro cosas básicas sobre libertad de expresión conviene saberse bien.
Por supuesto, la actuación de fiscales y juez es perfectamente legal. Nadie dice lo contrario. Eso es lo grave. Es una vergüenza que lo sea, que tengamos el Código penal que tenemos, que permite que, cuando alguien del poder judicial tiene la ocurrencia y las ganas de ponerse a actuar como un loco saudí, lo pueda hacer. Y que a nadie la parezca demasiado insólito ni preocupante.
Con ser la responsabilidad social, de todos, simbolizada en la letra del Código penal, no conviene minusvalorar el hecho de que alguien se ponga manos a la obra. Que se den las condiciones propicias no quita méritos al imbécil de turno que logra aprovecharlas de manera tan exquisita. Máxime si tenemos en cuenta que, dijera lo que dijera la ley, era claro el sentido del consenso social alcanzado en las últimas décadas a la hora de convertir en letra muerta estas lamentables partes del Código penal.
El episodio deja varias lecciones, en la línea de lo que ya señalamos en su día. Siempre es agradable esto de dedicarse al “yoyalodije”:
- Conviene prestar cierta atención a las viñetas de Letizia Ortiz y el Príncipe Niñato en ojo propio, más incluso que a las viñetas de Mahoma en ajeno, antes de ponerse a dar lecciones de civilización.
- Aunque un precepto absurdo, represor, materialmente inconstitucional y socialmente incomprensible esté de facto retirado de la circulación, eso no excusa su pervivencia, así que no es demasiado sensato congratularse de ello (”no somos como los moros, porque nosotros tenemos esos delitos como vestigio del pasado, pero nunca los aplicaríamos”). No es nada saludable que permanezcan cosas de este estilo en el Código; es más, es preocupante y peligroso que estén todavía en vigor, aunque sea formalmente, porque eso permitirá tarde o temprano a alguien, suficientemente loco, tonto o malo, algún día, hacer uso de esos delitos.
- La posición de la Monarquía en nuestro sistema político, mediático y jurídico está artificialmente hiperprotegida. Probablemente, claro, porque no hay más remedio. La reacción del stablishment jurídico, político y mediático, que ha acompañado la adopción de la medida con una preocupante “comprensión” cuando no “respaldo” a la actuación realizada, es sintomática. ¡Son los mismos que se escandalizaban con las sugerencias de “recato” en el asunto de Mahoma!. Que el Gobierno y los partidos mayoritarios se presten a esta ópera bufa no sorprende demasiado por ser algo a lo que nos tienen habituados. Escuchar a Jueces para la Democracia defendiendo que ese tipo de medidas represoras se prevean en el Código penal sí llama la atención algo más. Que haya asociaciones de periodistas o humoristas gráficos que han señalado que la publicación “se ha pasado”, dado el corporativismo legendario del gremio, es directamente insólito. Prietas las filas.
- Cuesta mucho a algunos comprenderlo, pero que algo haya de poder ser dicho o publicado en una democracia liberal no tiene que ver con que sea agradable, sensato, juicioso, socialmente aceptado o mayoritariamente tenido por no hiriente. Es decir, que incluso a quienes les parece zafia y asquerosa la viñeta de marras no tendría por ello que parecerles adecuado que el tratamiento que el Estado dé al asunto sea secuestrar la publicación y mandar dos años a la cárcel a sus autores y responsables.
Como no tengo ganas de repetirme (ya decía antes que el asunto lo traté en su día en sus trazos generales, que a fin de cuentas constituían la cuestión más relevante, con motivo de otros asuntos), lo dejo aquí. Pero no sin antes apuntar que no sé si la viñeta tiene gracia o no como crítica a los 2.500 euros que promete el Gobierno para incentivar la natalidad. Ahora bien, lo que es obvio es que carece totalmente de sentido si lo que pretende es criticar a la Monarquía y la figura de los Príncipes de Asturias. Porque, precisamente, para ellos sí que está prevista una retribución (y generosa, por cierto, amén de opaca), desde hace años, vinculada a que tengan descendencia: la de tener hijitos es la más importante de las funciones que jurídicamente nuestro sistema les asigna. Puede parecer absurdo, puede parecer un tanto medieval, pero en eso consiste tener una “dinastía” y asignar a sus miembros cargos y puestos públicos por una cuestión de bragueta (lo que finamente llamaríamos una “discriminación por razón de nacimiento justificada constitucionalmente”) así como un régimen de derechos y deberes excepcional y diferente al del resto de los españoles.
por Andrés Boix Palop,
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal
Universitat de València-Estudi General de València
El sexo de Mahoma
Publicado el 21 de Julio de 2007
Ya hemos hablado con cierta extensión, a cuenta de asuntos menores pero relacionados, de lo habitual que es que los grupos humanos se doten de diversas varas de medir para juzgar idénticas acciones, según sean percibidas como imputables al propio grupo o a otro. Así, las sociedades occidentales se rasgaron las vestiduras (y todos nosotros con ellas) al asistir al esperpento de medievalismo que protagonizaron muchos musulmanes a cuenta de las dichosas caricaturas de Mahoma. Pero hay que denunciar la profunda hipocresía y falta de vergüenza intelectual de quienes, a la vez que exhiben su espíritu crítico contra religiones ajenas para mayor lustre de la libertad de expresión, se ofenden ¡y de qué forma! cuando las burlas o blasfemias tienen por objeto nuestras creencias.
Cuando arreciaba el asunto de las viñetas de Mahoma ya tuvimos ocasión de alertar de que, como españoles, bien haríamos en mirarnos las vergüenzas antes de pretender significarnos como vanguardia y faro de la libertad de expresión frente a retrógradas sociedades que conservan con sorprendente lozanía la fuerza de sus tabúes. Nuestras vergüenzas en la materia eran, como señalamos en su día, un Codigo penal profundamente represor de la libre expresión cuando se sale del consenso de lo socialmente admisible y una guardia de korps de la moral judeocristiana y de todos nuestros valores que, como demuestra con frecuencia, no suele permitir que le chisten demasiado.
Es decir, para quien no lo sepa, que tenemos un Código penal que establece límites a la libertad de expresión que, más o menos, coinciden con lo socialmente tenido por aceptable, digno, decente, no zafio… Nuestra libertad de expresión es, la verdad, enormemente amplia y está muy garantizada, por ello, en toda la extensión en que no hace falta protección alguna, dado que el carácter no ofensivo o hiriente de nuestras manifestaciones las hace socialmente aceptables y dignas de nulo o marginal reproche. Ahora bien, como se salga uno de lo “social y políticamente correcto” ya no está amparado por nuestro Derecho: así, entre otros ejemplos, el Código penal español sanciona la burla o escarnio de los sentimientos religiosos y toda suerte de majaderías, entre las que se encuentra una hipertrofiada protección de la presunta dignidad que per se al parecer ostenta de la Casa Real y sus funciones constitucionales. Es decir, que la libertad de expresión, en este país, no tiene nada que envidiar en su estatuto jurídico a la regulación de un país como, por ejemplo, Arabia Saudí: uno es libre aquí, como allí, de decir aquello que el consenso social le permite, pero ojo con salirse de él.
Es más, la cosa es peor: el Código penal establece un parámetro represor de la expresión más inflexible, al menos a día de hoy, que la conciencia social general. No sólo el derecho a la libertad no garantiza la posibilidad de emitir opiniones que hieran o choquen, que no sean socialmente aceptadas, dotándolas de cierta indemnidad… es que, antes al contrario, es intrumento legitimador y educador en una visión mucho más pacata que la dominante ya, a estas alturas, en nuestra sociedad.
Por eso decíamos en su momento que, desgraciadamente, sólo la sensatez general de operadores jurídicos y sociales permitía que, a pesar de la sarta de imbecilidades que contiene nuestro Código penal saudí, no haya fiscales que vayan pidiendo condenas por burlarse de la fe católica ni jueces que vayan condenando. Desgraciadamente porque es un dique no demasiado satisfctorio, al menos no si nos ponemos exigentes, como diciendo “oiga, que 1789 queda ya un poco lejos, a ver si tomamos nota”. Y así estábamos, hasta que con la Iglesia hemos topado. La Iglesia, a estas alturas en España, no son sólo (o no son ya) Cristo Nuestro Señor y sus cosas, sino, muy especialmente, los intocables del consenso constitucional que permitió el tránsito de los herederos del Caudillo a la condición de “demócratas de toda la vida” sin demasiados quebrantos. Y, a la cabeza de todos nosotros, a sus más insignes representantes.
No sé si la Casa Real, que sigue sin entender que ciertos espacios ajenos al consenso silenciador y dispensador de incienso no van a desaparecer así como así, está de veras muy indignada con El Jueves y anda preocupada por esos peligrosos agentes de propagación entre los jóvenes de ideas republicanas que dicen que son. Ignoro si la genial ocurrencia de secuestrarles la revista viene de ellos o de la Fiscalía. Pero, la verdad, hay que ser mentecato para ponerse, 30 años después, a aplicar el Código penal en estos extremos que, afortunadamente, habían caído en franco desuso. Y no digo lo de mentecato sólo por los efectos indeseados de todo tipo que, sin ser demasiado sagaz, era evidente que se iban a producir. Lo digo, sobre todo, porque no se enteran todavía, a estas alturas, de qué cuatro cosas básicas sobre libertad de expresión conviene saberse bien.
Por supuesto, la actuación de fiscales y juez es perfectamente legal. Nadie dice lo contrario. Eso es lo grave. Es una vergüenza que lo sea, que tengamos el Código penal que tenemos, que permite que, cuando alguien del poder judicial tiene la ocurrencia y las ganas de ponerse a actuar como un loco saudí, lo pueda hacer. Y que a nadie la parezca demasiado insólito ni preocupante.
Con ser la responsabilidad social, de todos, simbolizada en la letra del Código penal, no conviene minusvalorar el hecho de que alguien se ponga manos a la obra. Que se den las condiciones propicias no quita méritos al imbécil de turno que logra aprovecharlas de manera tan exquisita. Máxime si tenemos en cuenta que, dijera lo que dijera la ley, era claro el sentido del consenso social alcanzado en las últimas décadas a la hora de convertir en letra muerta estas lamentables partes del Código penal.
El episodio deja varias lecciones, en la línea de lo que ya señalamos en su día. Siempre es agradable esto de dedicarse al “yoyalodije”:
- Conviene prestar cierta atención a las viñetas de Letizia Ortiz y el Príncipe Niñato en ojo propio, más incluso que a las viñetas de Mahoma en ajeno, antes de ponerse a dar lecciones de civilización.
- Aunque un precepto absurdo, represor, materialmente inconstitucional y socialmente incomprensible esté de facto retirado de la circulación, eso no excusa su pervivencia, así que no es demasiado sensato congratularse de ello (”no somos como los moros, porque nosotros tenemos esos delitos como vestigio del pasado, pero nunca los aplicaríamos”). No es nada saludable que permanezcan cosas de este estilo en el Código; es más, es preocupante y peligroso que estén todavía en vigor, aunque sea formalmente, porque eso permitirá tarde o temprano a alguien, suficientemente loco, tonto o malo, algún día, hacer uso de esos delitos.
- La posición de la Monarquía en nuestro sistema político, mediático y jurídico está artificialmente hiperprotegida. Probablemente, claro, porque no hay más remedio. La reacción del stablishment jurídico, político y mediático, que ha acompañado la adopción de la medida con una preocupante “comprensión” cuando no “respaldo” a la actuación realizada, es sintomática. ¡Son los mismos que se escandalizaban con las sugerencias de “recato” en el asunto de Mahoma!. Que el Gobierno y los partidos mayoritarios se presten a esta ópera bufa no sorprende demasiado por ser algo a lo que nos tienen habituados. Escuchar a Jueces para la Democracia defendiendo que ese tipo de medidas represoras se prevean en el Código penal sí llama la atención algo más. Que haya asociaciones de periodistas o humoristas gráficos que han señalado que la publicación “se ha pasado”, dado el corporativismo legendario del gremio, es directamente insólito. Prietas las filas.
- Cuesta mucho a algunos comprenderlo, pero que algo haya de poder ser dicho o publicado en una democracia liberal no tiene que ver con que sea agradable, sensato, juicioso, socialmente aceptado o mayoritariamente tenido por no hiriente. Es decir, que incluso a quienes les parece zafia y asquerosa la viñeta de marras no tendría por ello que parecerles adecuado que el tratamiento que el Estado dé al asunto sea secuestrar la publicación y mandar dos años a la cárcel a sus autores y responsables.
Como no tengo ganas de repetirme (ya decía antes que el asunto lo traté en su día en sus trazos generales, que a fin de cuentas constituían la cuestión más relevante, con motivo de otros asuntos), lo dejo aquí. Pero no sin antes apuntar que no sé si la viñeta tiene gracia o no como crítica a los 2.500 euros que promete el Gobierno para incentivar la natalidad. Ahora bien, lo que es obvio es que carece totalmente de sentido si lo que pretende es criticar a la Monarquía y la figura de los Príncipes de Asturias. Porque, precisamente, para ellos sí que está prevista una retribución (y generosa, por cierto, amén de opaca), desde hace años, vinculada a que tengan descendencia: la de tener hijitos es la más importante de las funciones que jurídicamente nuestro sistema les asigna. Puede parecer absurdo, puede parecer un tanto medieval, pero en eso consiste tener una “dinastía” y asignar a sus miembros cargos y puestos públicos por una cuestión de bragueta (lo que finamente llamaríamos una “discriminación por razón de nacimiento justificada constitucionalmente”) así como un régimen de derechos y deberes excepcional y diferente al del resto de los españoles.
domingo 15 de julio de 2007
Adiós a los 'hombres caballo'
India prohíbe esta terrible forma de tracción humana, de la que viven 18.000 familias en Calcuta
ANA GABRIELA ROJAS (El País)
Mohammed Hussain es un hombre caballo. Su trabajo consiste en tirar de un carrito de madera y metal conocido como rickshaw, un transporte de tracción humana. Con la fuerza de su esquelético cuerpo, transporta gente de un lugar a otro por las calles de Calcuta. Esta ciudad, la primera capital bajo el antiguo Imperio Británico, es la única metrópoli india donde todavía existe ese transporte. En su famoso libro La ciudad de la alegría, Dominique Lapierre decía que es parte de su esencia.
Mohammed trabaja ocho horas diarias toda la semana y gana entre dos y cuatro euros al día
La familia Hussain vive en un barrio de hombres caballo. Casi todos se duchan en la calle, la usan como baño y los menos afortunados también duermen en ella. La mayoría anda descalza y viste sólo con el doti, un trozo de tela que rodea la cintura.
Casi un 60% de los tiradores de rickshaw padece tuberculosis o alguna enfermedad respiratoria. Muchos sufren de problemas en la columna o en las articulaciones. En un viaje, un conductor carga hasta dos o tres veces su peso.
En otras urbes de la India, ese transporte ya se ha sustituido por otro en el que el chófer tiene una bicicleta o una motocicleta. Ahora, los días de las rickshaws están contados: el Gobierno del Estado de Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta, ha aprobado una ley que las prohíbe. "Son un símbolo de esclavitud. Se deben prohibir inmediatamente", dijo el jefe del Gobierno bengalí, el comunista Buddhadeb Bhattacharya, al anunciar la ley.
La norma se aprobó a finales del año pasado y debería haber entrado en vigor. A pesar de ello, las rickshaws siguen en las calles. Según las fuentes consultadas, esto se debe a que el Gobierno aún está preparando la "rehabilitación" de los miles de hombres que se quedarán sin trabajo. Unos 18.000, según las ONG, aunque el Gobierno sólo reconoce a menos de la tercera parte que tiene una licencia.
Éste es el caso de Mohammed. "Yo ni siquiera sabía que se requería un permiso, lo único que quiero es trabajar". Al igual que la inmensa mayoría de los hombres caballo, él emigró a Calcuta desde su natal Bihar, uno de los Estados más pobres de India. Tiene 38 años, pero parece de más de 50 y encontró esta forma de sobrevivir. Trabaja más de ocho horas todos los días de la semana y gana una suma que, al cambio, supone entre dos y cuatro euros diarios.
Aunque vive en un cuarto de 16 metros cuadrados sin electricidad y sin baño, se considera afortunado. "Soy de los pocos que tienen su familia aquí", explica. Su esposa completa los ingresos vendiendo plátanos en el mismo lugar en el que él espera a los clientes. "Para mejorar mi vida tengo que esperar a que mis niños crezcan y ayuden". Pero ninguno de sus cinco hijos va a la escuela. Los dos mayores, de 14 y 11 años, trabajan en un lugar donde venden té, mientras los tres más pequeños, de entre 2 y 6 años, se quedan correteando todo el día en la calle.
"Los conductores de rickshaw están en lo más bajo de la clase social, sólo un poco mejor que los mendigos y los recolectores de basura. Además, no tienen ninguna preparación". Así lo desveló un estudio hecho por dos ONG reconocidas: Action Aid y The Calcuta Samaritans. Los datos son de 2004, pero los trabajadores sociales aseguran que estas condiciones no han cambiado. Los hombres caballo gastan sus ingresos en tres cosas: alimentos, alquiler de sus carritos -casi ninguno es dueño de ellos- y sobornos a los policías.
Éstos aprovechan que desde 2003 la circulación de rickshaws se vio limitada a calles secundarias, según acusaciones de las ONG. "Con cualquier excusa te quitan 75 rupias [más de un euro]", asegura Mohammed. Los otros conductores de rickshaw, que han emigrado solos, envían a sus familias lo poco que les queda después de pagar los gastos.
Estos hombres sufren también las peores adversidades del clima. Cuando no hay un calor húmedo asfixiante, los hombres caballo tienen que hacer su trabajo en medio de las peores inundaciones. Así sucede ahora, la época en que el monzón mantiene las calles anegadas y ellos son los únicos transportes disponibles para las personas que no pueden tomar un taxi.
En un principio, las ONG se opusieron a la ley de prohibición de los carritos porque "a pesar de ser ridículo en términos humanitarios, es la única forma de sustento para miles de personas sin educación". Sin embargo, cuando ya no hay marcha atrás en la legislación prohibicionista, exigen medidas de rehabilitación de los tiradores de rickshaws, según explica Pritila Pavamani, de la organización The Calcuta Samaritans.
La mayoría de los tiradores de rickshaw siguen trabajando diariamente y no tienen idea de qué van a hacer cuando entre en vigor la ley. Ni siquiera saben por qué tantas personas se asustan del tipo de trabajo que hacen. "Sólo me gano la vida honestamente", dice Mohammed, mientras trata de conseguir un cliente.
ANA GABRIELA ROJAS (El País)
Mohammed Hussain es un hombre caballo. Su trabajo consiste en tirar de un carrito de madera y metal conocido como rickshaw, un transporte de tracción humana. Con la fuerza de su esquelético cuerpo, transporta gente de un lugar a otro por las calles de Calcuta. Esta ciudad, la primera capital bajo el antiguo Imperio Británico, es la única metrópoli india donde todavía existe ese transporte. En su famoso libro La ciudad de la alegría, Dominique Lapierre decía que es parte de su esencia.
Mohammed trabaja ocho horas diarias toda la semana y gana entre dos y cuatro euros al día
La familia Hussain vive en un barrio de hombres caballo. Casi todos se duchan en la calle, la usan como baño y los menos afortunados también duermen en ella. La mayoría anda descalza y viste sólo con el doti, un trozo de tela que rodea la cintura.
Casi un 60% de los tiradores de rickshaw padece tuberculosis o alguna enfermedad respiratoria. Muchos sufren de problemas en la columna o en las articulaciones. En un viaje, un conductor carga hasta dos o tres veces su peso.
En otras urbes de la India, ese transporte ya se ha sustituido por otro en el que el chófer tiene una bicicleta o una motocicleta. Ahora, los días de las rickshaws están contados: el Gobierno del Estado de Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta, ha aprobado una ley que las prohíbe. "Son un símbolo de esclavitud. Se deben prohibir inmediatamente", dijo el jefe del Gobierno bengalí, el comunista Buddhadeb Bhattacharya, al anunciar la ley.
La norma se aprobó a finales del año pasado y debería haber entrado en vigor. A pesar de ello, las rickshaws siguen en las calles. Según las fuentes consultadas, esto se debe a que el Gobierno aún está preparando la "rehabilitación" de los miles de hombres que se quedarán sin trabajo. Unos 18.000, según las ONG, aunque el Gobierno sólo reconoce a menos de la tercera parte que tiene una licencia.
Éste es el caso de Mohammed. "Yo ni siquiera sabía que se requería un permiso, lo único que quiero es trabajar". Al igual que la inmensa mayoría de los hombres caballo, él emigró a Calcuta desde su natal Bihar, uno de los Estados más pobres de India. Tiene 38 años, pero parece de más de 50 y encontró esta forma de sobrevivir. Trabaja más de ocho horas todos los días de la semana y gana una suma que, al cambio, supone entre dos y cuatro euros diarios.
Aunque vive en un cuarto de 16 metros cuadrados sin electricidad y sin baño, se considera afortunado. "Soy de los pocos que tienen su familia aquí", explica. Su esposa completa los ingresos vendiendo plátanos en el mismo lugar en el que él espera a los clientes. "Para mejorar mi vida tengo que esperar a que mis niños crezcan y ayuden". Pero ninguno de sus cinco hijos va a la escuela. Los dos mayores, de 14 y 11 años, trabajan en un lugar donde venden té, mientras los tres más pequeños, de entre 2 y 6 años, se quedan correteando todo el día en la calle.
"Los conductores de rickshaw están en lo más bajo de la clase social, sólo un poco mejor que los mendigos y los recolectores de basura. Además, no tienen ninguna preparación". Así lo desveló un estudio hecho por dos ONG reconocidas: Action Aid y The Calcuta Samaritans. Los datos son de 2004, pero los trabajadores sociales aseguran que estas condiciones no han cambiado. Los hombres caballo gastan sus ingresos en tres cosas: alimentos, alquiler de sus carritos -casi ninguno es dueño de ellos- y sobornos a los policías.
Éstos aprovechan que desde 2003 la circulación de rickshaws se vio limitada a calles secundarias, según acusaciones de las ONG. "Con cualquier excusa te quitan 75 rupias [más de un euro]", asegura Mohammed. Los otros conductores de rickshaw, que han emigrado solos, envían a sus familias lo poco que les queda después de pagar los gastos.
Estos hombres sufren también las peores adversidades del clima. Cuando no hay un calor húmedo asfixiante, los hombres caballo tienen que hacer su trabajo en medio de las peores inundaciones. Así sucede ahora, la época en que el monzón mantiene las calles anegadas y ellos son los únicos transportes disponibles para las personas que no pueden tomar un taxi.
En un principio, las ONG se opusieron a la ley de prohibición de los carritos porque "a pesar de ser ridículo en términos humanitarios, es la única forma de sustento para miles de personas sin educación". Sin embargo, cuando ya no hay marcha atrás en la legislación prohibicionista, exigen medidas de rehabilitación de los tiradores de rickshaws, según explica Pritila Pavamani, de la organización The Calcuta Samaritans.
La mayoría de los tiradores de rickshaw siguen trabajando diariamente y no tienen idea de qué van a hacer cuando entre en vigor la ley. Ni siquiera saben por qué tantas personas se asustan del tipo de trabajo que hacen. "Sólo me gano la vida honestamente", dice Mohammed, mientras trata de conseguir un cliente.
lunes 9 de julio de 2007
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